Política Internacional
America Conflictos

Venezuela (y 3): la crisis de derechos humanos

Este es el tercer post sobre la situación actual en Venezuela. Los dos anteriores revisaban la situación política y económica.

Si la situación política y económica puede suscitar debate (que no debería), la sistemática violación de derechos humanos y la represión hacia los ciudadanos es de sobra evidente.

Únicamente teniendo en cuenta las protestas contrarias al régimen de Maduro que siguieron a la proclamación de Juan Guaidó, Naciones Unidas ha estimado que han fallecido 40 personas (de las cuales 26 murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados de apoyo al régimen bolivariano) y que la cifra de detenidos ronda las 850 personas.

Pero esto es solo la punta del iceberg sobre la situación de la violencia en Venezuela. Como se ha explicado en el anterior post sobre Venezuela, el país ostenta el récord de muertes violentas en toda américa latina. Estas tasas de homicidio son demoledoras. En 2018 se registraron unas cifras de 23.047 muertes con una tasa de 81,4 muertos por cada 100.000 habitantes (Duplicando la tasa de Honduras este año (40 víctimas por 100 mil/h) y por encima de la de El Salvador).

De estas cifras, lo absolutamente demoledor es el porcentaje de muertes a manos de fuerzas de seguridad del estado. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, en 2018, las muertes por lo que se considera resistencia a la autoridad se elevarían a un total de 7.523. Solo en 2018. Unas cifras absolutamente intolerables en un estado de derecho consolidado y que solo responden a una situación de guerra civil o conflicto interno extremo.

Las instituciones internacionales de derechos humanos

Esta situación ha sido documentada también por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR, en sus siglas en inglés), a pesar de que Venezuela ha prohibido al personal del OHCHR el acceso al país (Todos los países del mundo se han comprometido a recibir a los “especial raporteurs” en sus países para la elaboración de los Universal Periodic Review (UPR) que analizan la situación de los derechos humanos en todo el mundo).

Ante esta situación, el OHCHR ha tenido que realizar un informe de forma remota, a través de entrevistas a víctimas y testigos, representantes de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos y académicos entre otros.

En este informe, que fue publicado en junio de 2018 y que lleva el título de “Human Rights Violations in the Bolivarian Republic of Venezuela”, la organización documenta las siguientes violaciones de derechos humanos por parte del gobierno venezolano:

  • Excesivo uso de la fuerza que en muchos casos terminan con la muerte de civiles: Como hemos visto, el gobierno justifica estas muertes por la resistencia al arresto por parte de las víctimas, mientras que Naciones Unidas identifica que un gran número de ellas pueden ser consideradas como asesinatos extrajudiciales (Violando el artículo 3 de la Convención Universal de los Derechos Humanos (DUDH)).
  • Falta de investigación de estos asesinatos por parte las instituciones judiciales: Desde el último cambio del fiscal general del estado en 2017, el estado no está cumpliendo con su deber de investigar y juzgar el excesivo uso de la fuerza y los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad del estado (Violando los artículos 7 y 8 de la DUDH).
  • Detenciones Arbitrarias: Las Naciones Unidas identifican que, solamente en el periodo del 1 de agosto de 2017 al 30 de abril de 2018, se han producido 570 detenciones (incluyendo 35 niños) que incluyen eliminación del derechos al habeas corpus (o la comparecencia inmediata ante un juez una vez un ciudadano ha sido detenido), la incomunicación, restricciones al derechos a la legítima defensa, retrasos judiciales injustificados e incluso tortura y desapariciones forzosas (Violando los artículos 5, 7, 8, 11.1 y 18 de la DUDH). Además de todo esto, las Naciones Unidas han identificado que, en muchos casos, ciudadanos civiles están siendo juzgados por tribunales militares.
  • Tortura: Naciones Unidas ha identificado al menos 90 casos en los que ciudadanos civiles fueron privados arbitrariamente de su libertad y que fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes que en muchos casos han sido categorizados como tortura como: intimidación y castigo para extraer información, uso de electroshock, palizas, violación y otros abusos sexuales, ahogamiento, simulación de ejecución y privación de alimentos. (Violando el artículo 5 de la DUDH).

Es importante reseñar, que la prohibición de la tortura es una norma de derecho internacional categorizada como Ius cogens.  Este término hace referencia a aquellas normas de Derecho Internacional imperativas o perentorias, esto es, que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como una violación del derecho internacional (en este caso relativo a los derechos humanos).

Nota: para más información acceda aquí al informe sobre Venezuela de las Naciones Unidas.

En septiembre de 2018, un grupo de países miembros firmantes del estatuto de Roma y miembros por tanto, de la Corte Penal Internacional (CPI) (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) han remitido la situación de Venezuela al fiscal de la CPI para que inicie una investigación sobre crímenes contra la humanidad en este país. La fiscalía de ese órgano envió la petición a cámara pre-juicio número 1 de la CPI para su análisis y posiblemente posterior enjuiciamiento de altos cargos del gobierno de Venezuela.

El aparato estatal de represión en Venezuela

Según Naciones Unidas, además del papel que pueden tener la policía y el ejército en estas violaciones, existen dos organizaciones de seguridad del estado que parecen estar en el epicentro de sistema de represión venezolano.

Estamos hablando del SEBRIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y las FAES (las fuerzas de operaciones especiales). Estas organizaciones actúan en muchos casos fuera del sistema legal venezolano y cuentan con una estructura opaca que no permite ni conocer sus cuadros de poder, ni el número de personas a su cargo o el número de personas que estarían detenidas por estas organizaciones.

Unos de los casos más aterradores fue el “suicidio” del líder opositor Fernando Albán. En septiembre de 2018, Albán declaró en la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar la situación en su país. 3 días más tarde moría al caer desde el piso 10 de la sede del SEBRIN en Venezuela.

Pero además de los cuerpos de seguridad, el ejército y los servicios secretos (con unos 200.000 miembros), el gobierno de Maduro cuenta con la llamada Milicia Nacional Bolivariana, que son cuerpos de personal civil que supervisan la “revolución” en barrios, fábricas o universidades.

El propio Nicolás Maduro, en la entrevista que concedió al programa español “Salvados” el pasado 3 de febrero, afirmaba que la Milicia Nacional Venezolana contará en abril de 2019 con 2 millones de personas. Además, y a raíz de la proclamación de Guaidó como presidente interino, Nicolás Maduro ha puesto en Marcha 50.000 unidades populares de defensa. Éstas contarían con una estructura cívico-militar, estarían dirigidas por un “sargento del pueblo” y tendrían acceso a material militar del estado.

Una difícil transición

Esta estructura de poder consolidada hará muy difícil una posible transición. La capacidad militar, civil y de equipamiento de represión de Venezuela es una de las mayores en toda américa latina, por lo que, en mi opinión, la situación en Venezuela y el régimen de Maduro puede durar incluso años.

Llama la atención que este tipo de estructuras de represión son idénticas a las desarrolladas en otros países aliados de Venezuela como Nicaragua o Irán con sus Guardianes de la Revolución.

Para terminar, y como he comentado al principio de este artículo, si las sanciones económicas y la situación política puede ser discutida, las violaciones de derechos humanos no tienen ningún tipo de justificación y por si solas deslegitimizan cualquier gobierno.

Con esta situación, Juan Gerardo Guaidó ha propuesto al régimen de Maduro una amnistía para Maduro y los altos cargos de su gobierno a cambio de nuevas elecciones. A pesar de que esto puede o no llevarse a cabo, no impedirá que, esperemos que en un futuro próximo, el gobierno actual de Venezuela pueda responder de sus crímenes ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.

 

Ricardo Diez.

 

Fotografía de portada:  S.O.S. Venezuela Lake Eola March, por: Graham Peter.

Related posts

Rusia quiere ser los nuevos Estados Unidos de Eurasia

politicainter

Los nuevos conflictos geoestratégicos: El mar del sur de China.

theinternationalpolicy

Camerún, las huellas de la descolonización en el conflicto actual.

politicainter