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Venezuela (1): La crisis de legitimidad política

Esta es la primera parte de una serie de artículos sobe la situación política, económica y de los derechos humanos en Venezuela.

Es de sobra conocida la situación de extrema pobreza y conflicto social que atraviesa Venezuela que tiene su cara más conocida en el desplome de su economía, con una inflación milmillonaria, y en la consecuente crisis humanitaria que ha generado ya una cifra récord de 3 millones de refugiados en los países vecinos (El 10% de su población).

Esta situación ha llevado al presidente de la Asamblea General, Juan Guaidó, a autoproclamarse como presidente interino, y ya ha sido reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países americanos. China y Rusia en cambio han identificado este hecho como un golpe de estado.

¿Cuál es la situación política en los últimos años que ha llevado a este punto?

Venezuela es una república federal presidencialista con un modelo de gobierno muy similar al de los Estados Unidos, con elecciones separadas para el poder ejecutivo (con un mandato de 6 años) y para el poder legislativo (Establecido en la Asamblea Nacional con un mandato de 5 años). Este modelo de gobierno fue actualizado con una nueva constitución (1999) aprobada durante el mandato de Hugo Chávez que, entre otras cosas permitía la posibilidad de un referendo revocatorio popular del presidente en cualquier momento de los últimos tres años de un mandato (Artículo 72) y que cambió el nombre del país: Venezuela pasó entonces a llamarse República Bolivariana de Venezuela (disposición transitoria Decimoséptima).

Pero a pesar de contar con una nueva constitución, definida además por el partido que ostenta el poder ejecutivo desde su redacción, las irregularidades políticas se han multiplicado poniendo en duda la legitimidad de la figura del presidente de la república. Estas irregularidades llevan sucediendo desde la presidencia de Chávez. Algunas de ellas pueden generar debate sobre su legitimidad mientras que otras son abiertamente anticonstitucionales:

  • En 2009, solo 10 años después de haber aprobado la nueva constitución del país, se celebró un referéndum para realizar una enmienda a la Constitución que permitía la reelección indefinida de los cargos electos, entre ellos el presidente de la república. El referéndum validó este cambio por un 54% de los votos.
  • En 2013, con Hugo Chávez en el poder, y debido a la enfermedad que sufrió en sus últimos años de vida, no pudo éste jurar el cargo el 10 de enero posterior a su elección tal y como establece la constitución (Artículo 231). Este hecho debería de haberse considerado como falta presidencial asumiendo la presidencia interina el presidente de la asamblea nacional mientras se convocan nuevas elecciones (artículo 233). Esto no se llevó a cabo y Chávez continuó siendo presidente hasta su posterior muerte.
  • A la muerte de Chávez, Nicolas Maduro asume la jefatura del estado de Venezuela como “presidente encargado de Venezuela” hasta la celebración de elecciones presidenciales. Este hecho por si mismo supone una usurpación de poder, ya que la constitución de Venezuela establece muy claramente que, a la muerte de un presidente, debe de ocupar el cargo de presidente el presidente de la Asamblea Nacional, que en ese momento era Diosdado Cabello. De todos modos, Maduro sí que convocó elecciones para ese mismo año que ganó con el 50.61% de los votos de una participación del 79,69% de la ciudadanía.

El año 2015 supone un cambio en el panorama político de Venezuela al ganar la oposición de Venezuela (unificada bajo una coalición llamada Mesa de Unidad Democrática) la mayoría de los escaños del poder legislativo representado en la Asamblea Nacional. Este hecho fue el punto de inicio de una crisis institucional sin precedentes marcada por los siguientes hitos:

La suspensión de la Asamblea General y el proceso constituyente

En 2016 la Asamblea Nacional pone en marcha un proceso para revocar al presidente Maduro tal y como está establecido en la constitución del país (Artículo 72). Este proceso fue suspendido por el Consejo General Electoral y en marzo de 2017 el tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se atribuyó a sí mismo las funciones de la Asamblea General, desposeyéndola de su poder legislativo y acusando al órgano legislativo de desacato. Este hecho ha sido considerado por la comunidad internacional como un auto golpe de estado legislativo.

Con el objetivo de solucionar la crisis institucional en el país, el presidente Maduro lanza en 2017 un nuevo proceso constituyente para definir una nueva constitución que acabe con la situación de inestabilidad. Esta nueva constitución sería debatida y redactada por una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) formada por 545 diputados que fueron elegidos el 30 de julio de 2017. El resultado de esta votación, que fue boicoteada por los partidos de la oposición, fue de 503 escaños para el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) que aglutina a todos los partidos que apoyan el régimen chavista liderado por Nicolás Maduro. Los 42 escaños sobrantes se encuentran vacantes por renuncia o deceso, por lo que la ANC es unipartidista y carece de la más mínima pluralidad.

Este proceso de nuevo ha sido definido por la oposición del país y por la mayoría de la comunidad internacional como fraudulento y dictatorial. El motivo principal es que no es un proceso legalmente válido y va en contra de la constitución, como se podría ver en los siguientes artículos:

  • El artículo 348 de la constitución establece que la iniciativa de un proceso constituyente puede tomarla (entre otros) el presidente de la república.
  • Por su parte, el artículo 347 establece que “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Con esto se puede extraer que, si bien el presidente puede promover y proponer un nuevo proceso constitutivo, solo el pueblo puede aprobarlo vía referéndum y, después de ese visto bueno popular, lanzar las elecciones para la asamblea constituyente. Este paso intermedio de consulta popular es el que se ha saltado Maduro, cosa que no se hizo en la anterior reforma de la constitución: En 1999, el presidente Chávez propuso una convocatoria de referéndum para preguntarle al pueblo venezolano si estaba de acuerdo con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reformara la constitución vigente. Con este referéndum se aprobó este proceso, que llevó posteriormente a elecciones constituyentes.

Es repito, este proceso de consulta el que se ha saltado Maduro, aunque con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia, que ha vuelto a dar la razón a Maduro en este tema.

Por otro lado, desde la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, este órgano se ha dedicado a usurpar el poder de la Asamblea Nacional generando nuevas leyes al margen de la legislación actual venezolana.

Algunos ejemplos de estos actos de la ANC pueden ser los siguientes: eliminación de la inmunidad garantizada por la constitución a miembros de la Asamblea Nacional, Ilegalización de partidos de la oposición, eliminación de distritos metropolitanos, destitución de cargos públicos electos y de cargos institucionales como el de la fiscal General Luisa Ortega en agosto de 2017, convocatoria de elecciones municipales de 335 alcaldías del país, convocatoria de elecciones regionales y convocatoria de las últimas elecciones presidenciales, anticipándolas de diciembre de 2018 a abril de ese mismo año en contra de la constitución vigente.

Estas últimas elecciones presidenciales fueron denunciadas por ONGs, oposición y la comunidad internacional como fraudulentas y llenas de irregularidades durante la convocatoria y el proceso electoral, incluyendo la inhabilitación de candidatos, el impedimento de participación de partidos opositores, la falta de competencias constitucionales de la Asamblea Constituyente para convocar elecciones, la falta de tiempo para los lapsos establecidos en la normativa electoral y la compra de votos entre otras cosas.

¿Y ahora qué?

Con esta situación la Asamblea General ha esperado a que Nicolás Maduro jurará el cargo de presidente y, entendiendo que ha llegado hasta ese puesto de manera ilegítima (por las razones antes descritas) ha identificado a Maduro como usurpador y que el cargo legítimo se encuentra vacío de poder.

Según este punto de vista y acorde al artículo 233 de la aún vigente constitución de Venezuela, asumiría la presidencia temporal del país el presidente de la Asamblea General, Juan Guaidó, que procederá a la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales.

De momento esta situación ya ha generado más de 20 muertos en disturbios durante las protestas antigubernamentales. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países americanos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y todos los ojos están puestos en Nicolás Maduro para ver en qué línea se desarrollan los hechos en las próximas semanas.

En el próximo capítulo se analizará la crisis económica en Venezuela y en un tercer artículo se revisará el estado de los derechos humanos en este país.

 

Ricardo D.

Fotografía de portada: Hugo Chavez poster – older, por: Beatrice Murch

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