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Las consecuencias del caos en la República Centroafricana

El conflicto y situación de caos en la República Centroafricana continua prácticamente inalterable desde que el grupo rebelde SELEKA (compuesto en parte por mercenarios chadianos, libios y sudaneses de confesión musulmana) diera un golpe de estado contra el gobierno en 2013 (más información del inicio del conflicto aquí).

En 2015 una operación militar encabezada por Francia expulsó al grupo SELEKA del poder y restituyó la democracia y cierta estabilidad en la capital. Pero en toda la región noroeste del país la situación es de caos y de violencia intercomunal a merced de grupos rebeldes, en especial el grupo Ex-Seleka (formado por miembros de Seleka que fueron expulsados del gobierno) y las milicias cristianas anti-Balaka.

Intervención de Naciones Unidas

El consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de la resolución 2149 (2014) y en virtud del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas (lo que hace que la resolución sea vinculante y de obligado cumplimiento), crea en 2014 la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA).

La misión incluye 10.000 efectivos militares y 1.800 agentes de policía y tiene como principal objetivo “Proteger, sin perjuicio de la responsabilidad primordial que tienen las autoridades de la República Centroafricana, a la población civil de las amenazas de violencia física, en la medida de sus capacidades y dentro de las zonas en que esté desplegada, incluso a través de un patrullaje activo Intervención militar” (S/RES/2149 (2014), a.1).

Pero a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, la fuerza de paz de Naciones Unidas y el estado centroafricano se ven incapaces de mejorar la situación para la mayoría de la población civil. El país está en el penúltimo puesto mundial del Índice de Desarrollo Humano, a fecha de 1 de octubre hay más de 600.000 desplazados internos y más 570.000 refugiados en países vecinos, la mitad de la población necesita ayuda para subsistir y las agresiones sexuales contra mujeres y el ataque y rapto de menores para convertirlos en soldados son comunes.

El estado centroafricano no tiene prácticamente presencia ni autoridad fuera de la capital, Bangui, y es incapaz de proveer apenas ningún servicio básico a su población. En este sentido, el vacío dejado por el estado es reemplazado por Organizaciones no Gubernamentales poniendo en grave peligro la seguridad de sus trabajadores. En lo que va de 2018, 7 trabajadores humanitarios han sido asesinados y los ataques contra ONGs y las fuerzas de Naciones Unidas son comunes.

En resumen, la situación en el país es catastrófica y la población civil está en constante riesgo de ataques, especialmente contra los niños y mujeres, y al borde de una crisis humanitaria aún mayor si ONGs y las fuerzas de paz abandonan el país.

Mientras tanto los grupos rebeldes, que ya controlan el 70% del territorio, además de luchar entre ellos por el control de las materias primas del país, extraen impuestos ilegales a la población, trafican con armas e intensifican las luchas entre comunidades por motivos religiosos. Todo ello mientras la Corte Penal Internacional y el resto de la comunidad internacional parecen incapaces de detener esta situación que, si no mejora, corre el riesgo de extenderse a los países limítrofes.

Para saber más.

Ricardo Diez

Fotografía de portada: Char por adrienblanc.

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