La justicia Universal en el mundo

La justicia universal es uno de los principios que genera más controversia dentro de la justicia penal internacional, y se refiere a la jurisdicción que se establece sobre un crimen sin referencia al lugar en donde se ha llevado a cabo, ni a la nacionalidad de las víctimas o de los agresores.

Actualmente se utiliza la justicia universal para la persecución y enjuiciamiento de causas relacionadas con la piratería y el tráfico de drogas, aunque los estados también tienen capacidad para perseguir actos tipificados como delitos de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y tortura.

Por lo general la jurisdicción de los estados tiende a proteger sus propios intereses y abarca su propio territorio y obliga a todas las personas, nacionales o extranjeros que residan en él. El propósito de la justicia universal, sin embargo, está ligado a la idea de que los crímenes contra la humanidad afectan el orden internacional y que, cada estado, como parte del sistema internacional, tiene la potestad de perseguir estos delitos.

A pesar de esto, la mayoría de países a limitado el alcance de la justicia universal únicamente al caso en el que la persona sospechosa de este tipo de delitos se encuentre en su territorio.

Algunos casos de éxito de la justicia universal

Uno de los países que más legislación había establecido referente a la justicia universal es España. Desde la fiscalía de la audiencia nacional de este país se obtuvo la extradición de Ricardo Cavallo, acusado de torturas en Argentina, y se ha enjuiciado a Adolfo Scilingo por crímenes contra la humanidad en Argentina, deteniéndole en suelo español al acudir a testificar en otro caso diferente. Asimismo, España estableció un precedente al solicitar la extradición del exdictador de Chile Augusto Pinochet en 1998.

Israel llevó a cabo unas de las acciones más intrusivas y controversiales cuando, en 1960, Adolf Eichmann fue detenido en Argentina por agentes del mossad, para su posterior traslado a Israel para ser juzgado por delitos cometidos contra la comunidad judía durante la segunda guerra mundial. Esta detención fue llevada a cabo sin el conocimiento y la cooperación del gobierno argentino, y el posterior juicio se enmarcó dentro de los principios de justicia universal al no existir el estado de Israel en el momento de cometerse los delitos, ni ser las víctimas de estos delitos ciudadanos israelíes.

Incuso los Estados Unidos han generado legislación a este respecto, pese a no mostrarse favorable a ello, para perseguir delitos de guerra como el uso de niños soldados en conflictos armados.

El declive de la justicia universal.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta     la justicia universal es que, si no existe colaboración entre los estados en las áreas de asistencia a la investigación, proporcionar evidencias o extraditar al sospechoso, es muy probable que los casos se queden abiertos y no se resuelvan nunca.

Por otro lado, las presiones políticas y económicas pueden ser muy fuertes cuando las acciones de justicia universal se cruzan con los intereses de las principales potencias económicas y militares.

En este sentido Bélgica sufrió presiones de los Estados Unidos cuando sus tribunales trataron de enjuiciar al expresidente George W. Bush, al ex vicepresidente Dick Cheney y al ex secretario de estado Colin Powell por crímenes de guerra supuestamente cometidos durante la primera guerra del golfo en 1991.

España por su parte recibió también presiones desde China, por el hecho de que dos de sus expresidentes, Jiang Zemin y Hu Jintao, y otros miembros de la cúpula del Partido Comunista Chino fueran imputados por supuestos delitos de genocidio en el Tíbet.

Debido a estas presiones el gobierno belga alteró su legislación dos veces en 2003 para alterar los límites de la justicia universal, y el gobierno español ha eliminado la legislación relacionada en marzo de 2014.

Los tribunales internacionales, ¿Una solución a la justicia Internacional?

Los tribunales de Núremberg y de Tokio, establecidos al término de la segunda guerra mundial fueron el primer ejemplo de tribunales internacionales para enjuiciar crímenes contra la humanidad y genocidio.

Los más recientes tribunales ad-hoc para la antigua Yugoslavia (ICTY) y para Ruanda (ICTR), fueron creados en 1991 y 1994 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tras las cruentas guerras civiles llevadas a cabo estos países.

Siguiendo esta línea, se crea a través del Estatuto de Roma en 2002, La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que cuenta con 122 estados miembros, y que solo puede juzgar delitos contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y agresión que hayan sido cometidos a partir de esta fecha por ciudadanos de los estados firmantes cuando no puedan ser juzgados en los sus países.

Countries status on the International Criminal Court

Este organismo es una gran herramienta de cooperación internacional en la búsqueda y puesta a disposición judicial de personas que han cometido graves delitos contra la humanidad, aunque está seriamente debilitado por el hecho de que no es competente para crímenes cometidos antes de 2002, y que existe un gran número de países que no han firmado y/o ratificado el acuerdo como: Estados Unidos, China, Iraq, Israel, Rusia, Libia, Qatar, Yemen, India, Iran, Japan, Corea del Norte, Pakistán, Saudi Arabia, Sudan y Turquía.

Lo que deja a casi a la mitad de la población mundial fuera del soporte de la Corte Penal Internacional.

Es llamativo el hecho de que mientras casi todos los países europeos y suramericanos son signatarios, apenas hay 8 naciones asiáticas y 2 naciones árabes miembros: Jordania y Túnez.

La justificación para la justicia universal

La Corte Penal Internacional es una gran herramienta para juzgar graves crímenes contra la humanidad, pero hasta que todos los países miembros de Naciones Unidas formen parte del tribunal, seguirá habiendo espacio para la impunidad en este tipo de delitos.

Aun así, incluso careciendo de una legislación específica sobre justicia universal, todos los países del mundo tienen la justificación de tomar acciones contra este tipo de crímenes incluso si se han llevado a cabo por extranjeros en otros países.

Esto está justificado viene justificado por:

La sentencia de 11 de julio de 1996 del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya (caso Bosnia vs. República Federal de Yugoslavia) reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en materia de genocidio.

La IV Convención de Ginebra, proporciona un marco para la justicia universal basada en tratados internacionales. En su artículo 146 podemos leer:

“Las Altas Partes Contratantes se comprometen a tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, o dado orden de cometer, una cualquiera de las infracciones graves contra el presente Convenio definidas en el artículo siguiente”

Cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves, y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad. Podrá también, si lo prefiere, y según las condiciones previstas en la propia legislación, entregarlas para que sean juzgadas por otra Parte Contratante interesada, si ésta ha formulado contra ella cargos suficientes”

La comisión de Naciones Unidad sobre Crímenes de Guerra, definió que:

“…El derecho de castigar crímenes de Guerra… está en posesión de todos los estados independientes…”

En 2008, la Unión Africana, a través de su asamblea de jefes de estado y gobierno, declaró:

 “…reconociendo que la jurisdicción universal es un principio de derecho internacional cuya finalidad es garantizar que los individuos que cometen delitos graves, como los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad no lo hacen con impunidad y sean llevados ante la justicia, lo que está en línea con la Constituyente Ley de la Unión Africana”

Lo cual es un gran avance en este sentido respaldado por los 53 estados miembros.

Por lo que a pesar de la eliminación o la no existencia de legislación al respecto en sus códigos penales, cualquier país está legitimado para ejercer la justicia universal.

 

RD

Fotografía: fences by Dave_B_ (Se han realizado modificaciones).