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Egipto: Todo el poder para el ejército

Egipto fue el mayor protagonista de las protestas ciudadanas que desembocaron en la llamada primavera árabe en 2011, y que llevaron a la renuncia al poder del presidente Hosni Mubarak tras 30 años en el poder.

A partir de ese momento se puso en marcha un primer intento de realizar unas elecciones democráticas y transparentes que ganó el líder de partido de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi. La deriva de este último hacia un régimen autocrático, basado en preceptos islámicos, llevó a un golpe de estado en 2014 por parte de los militares y liderado por Abdelfatah Al-Sisi.

Al-Sisi confirmó su puesto en las elecciones de 2014 que fueron clasificadas por la comunidad internacional de fraudulentas e injustas debido a la campaña de intimidación, violencia y arrestos de oponentes políticos que precedieron a los comicios.

Desde entonces, y a pesar de que la situación del turismo se ha consolidado y asegurado con el objetivo de aumentar el ingreso de divisas internacionales, el país no ha hecho sino que empeorar con respecto al estado de la protección de derechos humanos hacia su población.

Según Human Rights Watch (HRW) el listado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos es extenso: arresto y juicios sin garantías contra periodistas, activistas y blogueros, sentencias contra civiles en tribunales militares sin derecho de apelación, detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas.

Desde 2013 hasta agosto de 2018, HRW ha documentado 1.530 casos de desapariciones forzosas, mientras que no se ha investigado a ni un solo oficial por los asesinatos de manifestantes en 2013 que apoyaban al presidente Morsi.

Además de todo esto el número de sentenciados a muerte por supuesta violencia política no ha hecho sino que aumentar. Estas sentencias son consideradas por la comunidad internacional como injustas y sin garantías (en 2017 se llegó a sentenciar a 75 personas a la pena de muerte en un juicio en masa).

El último giro autoritario

A pesar de esta situación, el gobierno egipcio no ha tenido problema para ganar un referéndum que se llevó a cabo del 20 al 22 del pasado abril, y que blinda y aumenta los poderes tanto del presidente como del ejército.

Con la reforma llevada a cabo el presidente Sisi puede estar el poder otros 8 años más, así como controlar completamente el aparato judicial. Además de esto, la reforma de la constitución aprobada en el referéndum otorga grandes poderes adicionales al ejército.

En concreto, el nuevo artículo 200 de la constitución otorga al ejército por primera vez el monopolio sobre «Preservar la constitución y la democracia, proteger los principios básicos del estado y su naturaleza civil, y proteger los derechos y libertades de las personas». Esta reforma otorga al ejército el derecho de aplicar su propia interpretación (por encima del criterio del tribunal constitucional) sobre lo que es “proteger al estado” y usar a las fuerzas armadas para “imponer el mayor interés del estado”.

Como vemos, esta reforma sitúa al ejército por primera vez, y con carácter constitucional, como la institución con más poder y más influyente del país. Este poder incluso es mayor que el del propio presidente Sisi: “Las fuerzas armadas tendrán derecho a intervenir de inmediato a discreción de su comandante en jefe, el ministro de defensa, sin tener que esperar una decisión del presidente”.

Esta situación generará la aparición de diferentes grupos dentro de las instituciones militares en lucha por mayores cuotas de poder del estado, pero ante todo, pondrá en peligro la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial el derecho de reunión y de libertad de expresión.

Todo ello mientras que las esperanzas que surgieron con la primavera árabe se desvanecen al entrar en un régimen autoritario consolidado y con una proyección a largo plazo.

 

Ricardo Diez.

Fotografía de portada: Bridge of 6th October, por: David Evers

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